La congresista de Estados Unidos Yvette Clarke presentó el pasado 22 de abril el proyecto de Ley Global de Salud Sexual y Reproductiva de 2010, que pretende extender la financiación internacional del aborto, la anticoncepción y la educación sexual sobre todo en los países más pobres.
Además, esta ley dejaría sin efecto la antigua Enmienda Helms que prohíbe el uso de fondos para la ayuda financiera al extranjero con el objetivo de subvencionar el aborto.
La propuesta de la diputada de Brooklin (Nueva York) ha movilizado a las organizaciones pro vida y, concretamente, a Concerned Women for America, según informa Catholic Family & Human Rights Institute.
“Limpieza étnica”
Wendy Wright, presidente de esta organización, denunció que “esta ley es más que irresponsable. Ninguna práctica abortiva es completamente segura, y el riesgo se multiplica para las mujeres que no tienen acceso a la atención primaria de la salud, al agua potable o la penicilina”.
“Exportar el aborto a las mujeres más carentes del mundo y promover que los niños de 10 años tengan sexo, poniéndolos en riesgo de contraer enfermedades mortales, de ser explotados por los pederastas y candidatos a abortar, podría considerarse como un método de limpieza étnica”, añadió.
El proyecto de ley presentado por Clarke y apoyado por al menos otros 17 miembros de la Cámara, parece estar vinculado con la declaración efectuada por los Estados Unidos durante la sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU (CPD), que concluyó recientemente.
Apoyo de Obama
En ella se afirma que “el presidente Obama ha solicitado 715,7 millones de dólares para la salud reproductiva bilateral y multilateral en 2011, lo cual incluye la planificación familiar”.
“Si el Congreso aprueba esta cifra en lo que resta del año, ella representará la mayor contribución de los EE. UU. en la historia de los programas internacionales de salud reproductiva”, dice el texto.
La ley establece que el “avance de la salud sexual y reproductiva es necesario para alcanzar la mayor parte de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM)”, y sus conclusiones están basadas, casi por completo, en el polémico informe de la ONU titulado Haciendo cuentas.
Dicho informe fue realizado y patrocinado por la institución pro-abortista Guttmacher Institute y el Fondo de Población de la ONU. Además, fue citado de manera destacada en la declaración de los Estados Unidos durante la CPD. En él se aboga por un incremento en la planificación familiar y el acceso al aborto como medios básicos para reducir la mortalidad materna a escala mundial.
“Proveedores de aborto”
La ley establece que los fondos para la ayuda financiera al extranjero deben ser empleados con el propósito de “financiar los servicios de aborto seguro, incluidas las derivaciones, y subvencionar la capacitación de proveedores de aborto y el equipamiento e instrumental necesarios para el aborto quirúrgico y farmacológico”.
El Artículo 7 de la ley solicita el financiamiento a fin de asegurar y promocionar la “atención de la salud sexual y reproductiva de la juventud”, que comprende la educación sexual y reproductiva integral, y los servicios de aborto. La ley define que el término “juventud” abarca a todos los individuos de entre 10 y 25 años de edad.
Por su parte, la congresista Clarke argumenta que “Estados Unidos ha logrado impresionantes avances en su programa internacional de planificación familiar y salud reproductiva, y este proyecto de ley ampliaría su liderazgo en asuntos globales de salud sexual y reproductiva”.
“Al modificar la legislación actual para cumplir con las normas internacionales vigentes, podemos establecer un modelo progresista integrado para la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva más eficientes y eficaces en todo el mundo”, concluyó en una declaración escrita.
(fuente: www.forum libertas.com)
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