La polémica sobre el protocolo de interrupción de embarazos enviado al país por el Ministerio de Salud de la Nación, que incluye todos los casos de violaciones con la presentación de la declaración jurada de la mujer, recrudeció días pasados tras un comunicado de la cartera que dirige Juan Manzur, desmintiendo que haya firmado una resolución que avale ese documento.
No obstante, tanto el viceministro de la cartera sanitaria, Máximo Diosque, como la coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Paula Ferro, habían confirmado esa medida. La guía fue creada en 2007 y se ha actualizado, apareciendo publicada a partir de una resolución ministerial. El protocolo dado a conocer, extiende la legalización del aborto en el país al admitir esa práctica para todos los casos de violaciones, no sólo para los de mujer idiota o demente, y poner como condición que la víctima presente una denuncia o, simplemente, una declaración jurada en la que afirme haber sido violada.
Según se indica en el protocolo actualizado, es competencia exclusiva de los médicos tratantes decidir si el caso encuadra en las previsiones de no punibilidad contempladas en el Código Penal. Con esa aclaración, el Ministerio de Salud busca evitar la intervención de juzgados, tal como ocurre frente a muchos pedidos de abortos, incluso si están amparados por la normativa en vigor. Ese concepto de "no judicialización'' no figuraba en la guía de 2007. Incluir el aborto entre los medios supuestamente necesarios para cuidar la salud es de por sí una grave falsedad.
El acto médico se dirige a prevenir la enfermedad o a curarla. Pero el embarazo no será nunca de por sí una enfermedad, aunque pueda conllevar complicaciones de salud, ser inesperado o incluso fruto de la violencia. Por eso, abortar no es nunca curar, es siempre matar. Una auténtica política sanitaria debe tener siempre en cuenta la salud de la madre gestante, pero también la vida y la salud del niño que va a nacer. Eliminar una vida humana no es nunca un asunto meramente privado. Por el contrario, se trata de un acto de gran trascendencia pública que afecta grave y directamente al bien común.
Como garante del bien común, el Estado debe legislar para proteger la vida de todos, en particular los más indefensos y vulnerables, entre los cuales se halla sin duda los que van a nacer, así como para establecer políticas de protección y promoción de la maternidad y la paternidad, ayudando de modo eficaz a los padres que experimentan dificultades para acoger a sus hijos.
(fuente: www.diariodecuyo.com.ar)
1 comentario:
Me parece una web muy interesante
Publicar un comentario