Cándido Mansilla, un aborigen wichí residente en la comunidad La Mora, en el departamento San Martín, hizo un desesperado pedido de ayuda por un hijo de 13 años, adicto al paco
Mansilla, acompañado por su esposa, relató en pocas palabras lo que sufren como familia por la situación de su hijo adicto y reveló que muchos padres como ellos están pasando por la misma situación. Mientras él relata lo que ocurre, la mujer muestra los envoltorios o “bochitas” de pasta base que le encontró en los bolsillos a su hijo.
“No sabemos qué tenemos que hacer para sacarlo del problema. Pero necesitamos además la ayuda de las autoridades, porque muchos de los que venden droga son vecinos nuestros”, asegura.
Mansilla, como otros padres que padecen la adicción de sus chicos, recordaron el caso de una proveedora que residía en un asentamiento cercano al barrio Roberto Romero, al este de la ciudad de Tartagal, y que por las denuncias fue detenida. Pero al poco tiempo fue liberada y volvió a la actividad, según aseguran.
En el relato de Mansilla y su esposa se traduce la desesperación de tantos padres de toda la provincia, que sufren esta situación. Niños y adolescentes de diferentes comunidades son adictos al paco, al que acceden con facilidad por su bajo precio.
La Secretaría de Participación Ciudadana cuenta con programas para consejos barriales, pero no fueron implementados en Tartagal. Excepto un intento realizado en el barrio San Juan y en la comunidad aborigen tapiete, pero no se les brindó el apoyo necesario para avanzar.
Qué pasa en Tartagal
Tartagal es, en comparación con el resto de las localidades de la provincia, el mayor centro de consumo de drogas proveniente del microtráfico.
Las consultas en el centro de tratamiento para personas con problemas de adicción, denominado Puente Norte, alcanzaron los 300 casos mensuales, lo que representó alrededor de 3.600 consultas en 2012 realizadas. Los pedidos fueron espontáneos, es decir de familiares del adicto, derivaciones de diferentes centros médicos o judicializados.
Con cifras tan abrumadoras, ni la veintena de efectivos con que cuenta la Brigada de Drogas Peligrosas -que solo tiene un móvil disponible y una moto con área de influencia son los departamento San Martín y Rivadavia Banda Norte- ni los 17 jóvenes que trabajan en Puente Norte en prevención de adicciones en carácter de monotributistas, porque la provincia no los contrató ni los incorporó a la planta permanente, pueden hacer frente a una problemática tan grande, por lo que los resultados están a la vista.
Las cifras del narcotráfico en el norte son alarmantes
Según el informe de la Agencia Antidrogas de Salta, los procedimientos realizados en Tartagal los 10 primeros meses de 2012 “superaron lo efectuado en los últimos años”. En el período mencionado “se llevaron a cabo 660 procedimientos entre Tartagal y Orán, 748 detenidos y procedimientos en 115 puntos de venta de drogas tanto en inmuebles como en la vía pública”, consigna el mismo informe.
La impresionante proliferación de venta de droga al menudeo ha hecho que en forma paulatina los vecinos dejen la típica actitud del “no te metás” y comiencen a denunciar. Solo en Tartagal en los 10 últimos meses del año pasado se denunció la existencia de 82 bocas de expendios; en el caso de Orán las denuncias se elevaron a 115. Si bien la Dirección General de Drogas Peligrosas tiene previsto desde el año pasado la adquisición y posterior adiestramiento de 15 canes, la medida aún no se concretó como tampoco la provisión de cámaras de fotos digitales, cámaras de videos, computadoras, balanzas para las divisiones norteñas de lucha contra la venta al menudeo de sustancia prohibidas.
Una deuda pendiente
Más allá del cambio de denominación de algunas dependencias, el traspaso de personal, reuniones y charlas de funcionarios de la justicia federal, la mayor eficacia en los procedimientos antinarcóticos sigue siendo una de las tantas materias pendientes en el norte provincial.
“Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA, la lucha contra el narcotráfico debe ser abordada de manera integral. Por ese motivo se organizaron reuniones, cursos y mesas de trabajo en las localidades más conflictivas de la zona norte con directivos de colegios, padres y alumnos a fin de prevenir el consumo ilícito de drogas. Todas estas reuniones tienen como principal objetivo prevenir el consumo y crear conciencia social acerca de la problemática de las drogas”, consigna el mismo informe.
El Programa Puente Norte necesita apoyo
El programa de rehabilitación de adictos Puente Norte, por su parte, elevó otro informe referido al trabajo que realiza esa entidad local y cuyo único personal dentro de planta transitoria es la psicóloga. El programa tiene por objeto brindar el servicio de salud mental en las modalidades asistenciales de admisión, ambulatorio, hospital de día y servicio de internación.
Por el hecho de contar con un presupuesto acotado para el mantenimiento de programa, se intenta optimizar al máximo los recursos económicos y de infraestructura para el funcionamiento del dispositivo en general, contando con el apoyo de la comunidad que realiza donaciones periódicas en forma voluntaria, así como también del sector empresario, comerciantes, instituciones que siempre han colaborado con el mismo. El equipo de trabajo esta integrado por 17 personas, quienes conforman el área terapéutica y el área administrativa, son monotributistas y deben cumplir regularmente con los aportes tributarios a partir de la firma del Contrato de Locación de Servicios.
Las familias están muy afectadas
El diputado provincial por el departamento San Martín, Darío Valenzuela, recordó que “los pedidos de informes a diferentes ministerios por parte de legisladores opositores del departamento San Martín se hicieron durante todo el año pasado, “porque estábamos interesados principalmente en conocer qué apoyo le da la provincia a una entidad como Puente Norte. Allí pudimos conocer que quienes están a cargo de la atención de enfermos son monotributistas a quienes, en reiteradas ocasiones, les retrasan los pagos mensuales que no superan los $3.000, pese a que se trata de gente con mucha capacitación y voluntad de trabajo”.
Valenzuela consideró que luego de acceder a los informes oficiales “podemos interpretar que hay muchísimas familias afectadas por este tema. Si mensualmente se acercan -espontáneamente o derivados- 300 nuevas personas por problemas con las drogas no queremos ni pensar cuántos son los que no llegan a la asistencia. Las políticas de Estado deben apuntar no a la recuperación de adictos sino a la prevención. Con reprimir el delito no se soluciona el tema ni remotamente”, opinó.
Se suman voces
El diputado por San Martín, médico y promotor boxístico Manuel Pailler, por su parte, contó que “caminamos los barrios y comunidades criollas y aborígenes de Tartagal, hablamos con los padres, los docentes o los dirigentes comunitarios y vemos que la situación de la droga en Tartagal es gravísima.”
Para el legislador, “el Estado obtendrá mejores resultados si pone el esfuerzo en la prevención y eso implica invertir en educación, en salud, en deporte a la par que le da a la policía los medios necesarios para reprimir el delito. En este momento nadie se anima a decir qué puede pasar en Tartagal en algunos años más si no se adoptan políticas integrales para abordar esto que golpea muy fuerte a las comunidades aborígenes, algo que hace unos pocos años no nos hubiésemos ni siquiera imaginado que suceda”, graficó el profesional.
(fuente: www.eltribuno.info)
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