El sacerdote destacó que la fertilización asistida es una pérdida de respeto por la procreación, pues implica la pérdida de embriones, que son vidas humanas.
La nueva ley señala que la fecundación artificial deberá ser incluida dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO), junto a los servicios básicos de salud que cualquier prestadora social o institución médica privada debe brindar.
El experto en bioética, especializado en la materia en Europa y director del Instituto de Bioética de la UCA, indicó que esta norma atenta contra una cuestión "muy de base", como lo es la diferencia entre procreación y reproducción.
El P. Revello subrayó que "no es lo mismo cuando el término de reproducción entra en juego, porque ya no se toma la vida recibida como un don, haciendo así que pierda su sacralidad".
Bajo la perspectiva de esta nueva ley de fertilización asistida, con la vida se puede "hacer lo que quiera", y se equipara al embrión humano con un producto, pues se habla de "stock" y de "descarte", así como de su "comercialización".
"Ahora las clínicas de fertilización, que se presentan como las grandes solucionadoras de la vida de las familias, se hacen de una caja impresionante, porque tanto las obras sociales como el colapsado sistema sanitario público tendrán que asumir los altísimos costos de unas prestaciones que difícilmente puedan calificarse como terapéuticas", criticó.
Esta nueva ley, indicó, "instala en la práctica lo que el debate por la reforma del Código Civil va anticipando", el que una vez promulgado abriría las puertas al alquiler de vientres y la "donación" de óvulos con potenciales fines económicos.
En ese contexto, tanto mujeres o varones solteros, e incluso parejas homosexuales, podrán engendrar hijos con este procedimiento que implica el desecho de embriones humanos que ya son personas. El director del Instituto de Bioética de la UCA advirtió que "una cosa es mejorar la capacidad de fertilidad de las personas, y otra muy distinta son las técnicas de fertilización in vitro (FIV), que ya son una pérdida del respeto de la persona". La Conferencia Episcopal Argentina (CEA), al concluir su 103 Asamblea Plenaria en abril de 2012, advirtió que de aprobarse la legislación de fecundación asistida "algunos seres humanos en gestación no tendrán derecho a ser llamados personas".
Con esta norma se desfigura la maternidad y la paternidad con la "voluntad procreacional", dijeron los Obispos argentinos, al mismo tiempo que advirtieron que se "legitimará" la promoción de alquiler de vientres, cosa que "cosificará a la mujer".
La CEA alertó que la fertilización asistida implica congelar embriones humanos por tiempo indefinido, "pudiendo ser éstos descartados o utilizados con fines comerciales y de investigación", y que se vulnera el derecho a la identidad para quienes sean concebidos por esta práctica, pues "no podrán conocer quién es su madre o su padre biológico".
Esta ley, señalaron entonces los Obispos, privilegia un falso "derecho al hijo" por sobre los derecho a la vida y el respeto de su intrínseca dignidad.
La CEA advirtió también que "las técnicas de fecundación artificial suponen con frecuencia mecanismos de selección de los embriones más aptos, con descarte de los demás".
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